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La Misión de la ONU para Venezuela confirmó que el régimen de Nicolás Maduro continúa cometiendo violaciones a los derechos humanos
Tareck El Aissami, en el centro de una investigación por corrupción en Venezuela, vivió un rápido ascenso en el poder durante las últimas dos décadas que lo llevaron a ocupar varios de los más importantes cargos en las áreas de seguridad y economía del gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro.
Su carrera en la política inició aún como estudiante universitario, cuando defendió a Chávez frente a las protestas estudiantiles opositoras, y escaló diversas posiciones hasta ser nombrado ministro de Petróleo en 2020, cargo al que esta semana renunció en medio de señalamientos de corrupción contra algunos de sus más cercanos colaboradores.
El Aissami, que también fungía como vicepresidente sectorial para el Área Económica, dimitió como consecuencia de las investigaciones sobre hechos de corrupción en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) . Lo hizo, argumentó, para “acompañar y respaldar totalmente” las investigaciones.
El Aissami, de 48 años, puso además a disposición su cargo en la dirección del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Horas después Maduro aceptó la renuncia y prometió “desmembrar todas estas mafias que hemos descubierto”. Por ahora, el exministro no enfrenta cargos.
Maduro comentó que la investigación inició al hacerse evidentes los comportamientos de algunos funcionarios a los que describió como “nuevos ricos, con una forma de vida extravagante”.
La renuncia de El Aissami, sancionado por Estados Unidos por presunto narcotráfico, se produjo dos días después de que el Ministerio Público designó a cinco fiscales para indagar los presuntos ilícitos investigados por la Policía Nacional Anticorrupción relacionados con “distintas ramas y niveles del Poder Público” y que “implican a sectores estratégicos para el desarrollo nacional y la administración de justicia”.
El Ministerio Público no ha mencionado una cifra exacta de detenidos ni ha ofrecido detalles del caso.
Aunque todavía no está claro si los más recientes acontecimientos y la renuncia de El Aissami son el preludio del fin de su vertiginosa carrera en la administración pública, se trata del peor momento para el descendiente de inmigrantes sirio-libaneses que llegó a ser uno de los ministros de confianza de Maduro.
En momentos difíciles, recibió el encargo de diseñar el entramado con el que poder sortear las sanciones de Washington para impedir que la administración de Maduro pueda realizar transacciones financieras y comerciales en el extranjero, al congelar activos internacionales de Venezuela y prohibir a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas.
El Aissami, señalado de ser afín a gobiernos y organizaciones islámicas, se vinculó a muy temprana edad con “la lucha revolucionaria”. Tuvo en él gran influencia su padre Carlos Zaidan El Aissami -un migrante sirio que otrora lideró la rama venezolana del ahora proscrito Partido Baath de Saddam Hussein- como ha dicho el exministro en varias entrevistas.
Su militancia se profundizó como estudiante en la Universidad de Los Andes, en el extremo occidente del país, donde conoció a Adán Chávez, hermano del futuro mandatario venezolano socialista y que era entonces uno de los profesores en esa casa de estudios.
Como estudiante se vinculó al partido Movimiento V República (MVR), la primera organización política fundada por Chávez tras ser liberado luego de comandar un fallido golpe de Estado en 1992. Cinco años después formó parte de la dirección nacional de la Juventud del MVR.
En 2004, ya graduado de criminalista, incursionó por primera vez en la administración pública al ser designado jefe de la Misión Identidad, un programa social del gobierno de Chávez creado para atender a un segmento de la población que no tenía la cédula de identidad. Según cifras oficiales en 2003 siete de cada 10 venezolanos no estaban registrados en la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería y 90% de esas personas pertenecían a la clase más pobre.
Los críticos de la misión advirtieron que las autoridades emitían el documento en mercados callejeros y otras locaciones improvisadas sin la debida rigurosidad para comprobar que los receptores habían nacido en Venezuela y que no se trataba de personas extranjeras que aprovechaban la oportunidad para ocultar su identidad y posibles antecedentes criminales.
Ya en las filas del PSUV, El Aissami fue diputado de la Asamblea Nacional durante un año hasta ser escogido en 2007 para ocupar el cargo de viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana en el Ministerio de Interiores.
A fines de 2012 fue elegido gobernador del estado de Aragua y en enero de 2017 Maduro lo nombró vicepresidente de la república, cargo que dejó tras ser designado ministro de Industria y Producción nacional en junio de 2018.
El Aissami fue designado ministro de Petróleo en abril de 2020, el mismo año en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados.
El ahora exministro fue sancionado en 2017 por presunto narcotráfico y acusado dos años después por alegatos de violación de esas sanciones impuestas por Washington. Las sanciones de Estados Unidos buscaba obligarlo a ser separado del poder argumentando que fue reelegido en 2018 en comicios fraudulentos.
Las acusaciones de Washington contra El Aissami no hicieron mella en su carrera. Por el contrario, fue catalogado como un héroe por el oficialismo. Pero la detención de varios de sus allegados lo arrastró al ojo del huracán.
Según analistas y críticos del gobierno la situación de El Aissami es reflejo de una lucha entre facciones que ha roto la unidad de la que gozó Maduro tras asumir el poder en 2013.
“Históricamente llega un momento en que todos los sistemas que son hegemónicos comienzan a fracturarse desde adentro”, dijo a AP Daniel Varnagy, doctor en Ciencia Política y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar.
Agregó que los principales enemigos no están en la oposición, que no cuenta con poder real ni apoyo de las Fuerzas Armadas, sino en «facciones que se pelean por el poder y los recursos”.
“Lo que está detrás de la lucha es usar el tema de la corrupción como una excusa para hacer una reconfiguración de poderes”, añadió Varnagy.
Entre los pocos detenidos que han sido identificados por la Policía Anticorrupción y que comprometen a El Aissami figuran el diputado oficialista Hugbel Roa, uno de sus antiguos colaboradores, y Joselit Ramírez, superintendente nacional de Criptoactivos. Ramírez también se desempeñó, bajo el mando de El Aissami, como director general de la vicepresidencia y director del despacho del Ministerio de Industria y Producción Nacional.
El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de Ramírez, acusado de participar en el crimen organizado. Ramírez también fue acusado junto con El Aissami, en el Distrito Sur de Nueva York, de varios delitos transnacionales, incluido el de lavado de dinero.
Con su reputación en entredicho, El Aissami también es cuestionado por fallar en su misión de revertir la debacle de la empresa petrolera estatal después de dos décadas de caída de la producción de crudo, la principal fuente de ingreso de divisas del país sudamericano.
A pesar de tener las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela experimenta desde hace más de un lustro una drástica caída de su producción que se ha traducido en la escasez de combustibles y gas doméstico.
Los críticos del gobierno atribuyen el colapso de la industria petrolera a una mala gestión y a la corrupción en PDVSA bajo la administración de Chávez y Maduro.