En la víspera de la visita de Türk, el régimen venezolano incautó propiedades y amenazó con cárcel a dirigentes y periodistas

Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU llegó este jueves al país caribeño y se reunirá con miembros del régimen, la sociedad civil y dirigentes de la oposición.

La llegada hoy a Venezuela del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, está precedida de una cadena de hechos que revelan el carácter intimidatorio, la violación de la Constitución, la manipulación que caracteriza el delicado tema del respeto a la vida, a los derechos humanos en Venezuela. Desde hace días José María Aranaz, bastante conocido en Venezuela por su relación con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y su lamentable actuación que en casi nada ha favorecido a las víctimas desde el periodo de Michelle Bachelet, se ha encargado de pedir mucha prudencia con la visita de Türk, según revelaron familiares de presos políticos.

En la víspera de la llegada de Türk a Venezuela se desencadenaron una serie de hechos como detenciones, imputaciones, persecuciones, amenazas, contra periodistas, medios de comunicación, dirigentes obreros y educadores, en la que interviene la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Cuerpo de Invetsigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Ministerio Público y otros.

Una de las acciones para amedrentar a los que desde que arrancó el año 2023 se han mantenido en la calle protestando por mejoras salariales, fue la detención del profesor Roberto Carlos García, subdirector de la escuela Fe y Alegría de Acarigua, estado Portuguesa. Así mismo, funcionarios de la DGCIM vigilaron la vivienda del trabajador Sergio Hernán Gudiño Silva, quien denunció por redes sociales y se comunicó con el Ministerio Público.

Gudiño está incapacitado por tener un brazo amputado y, como lo dijo en un video, ante información de que pretenden acusarlo de malversación de fondos, él presta servicio en la sede de Corpoelec pero no maneja recursos económicos. Ante el asecho de la DGCIM, Gudiño terminó presentándose a la sede de la DGCIM en el Zulia.

Contra la prensa
Ayer miércoles 25 de enero, se presentaron funcionarios del CICPC y de la Fiscalía a la residencia del jefe de información del diario El Nacional, José Gregorio Meza, para llevarlo a declarar en relación a unos reportajes publicados. El presidente y dueño de dicho medio de comunicación, Miguel Enrique Otero Castillo, en conversación con Infobae dice que la arrenetida contra El Nacional surge por una publicación en la que se menciona a los hermanos Santiago José y Ricardo José Morón Herńandez y su relación con el hijo de Nicolás Maduro.

“A los dos periodistas que firmaron esos trabajos les llegaron sendas notificaciones de la Fiscalía y además les han amenazado a la familia; uno de los periodistas vive en Tenerife y el otro en Colombia, pero ya el 17 de enero me habían imputado a mí, que vivo en España. A la administradora del periódico, que nada tiene que ver con reportajes, también la citaron, así como al jefe de información a quien llevaron a interrogarlo y debe regresar hoy nuevamente”, dijo.

Ante al pregunta de si a Meza lo interrogaron sobre el artículo de los hermanos Morón Hernández, responde que no lo sabe porque al periodista le quitaron el teléfono móvil. “Él llamó de otro teléfono, diciendo que debe regresar a declarar y se limitó a decir ‘todo bien’, pero no sé exactamente qué quiso decir con eso”, dijo.

“Le envío la citación que me hizo en calidad de imputado la Fiscalía 94 Nacional, para ayer 25 de enero a las 10 de la mañana”, dijo Otero, cuya citación suscribe el abogado Renny Raúl Amundaraín Durán, fiscal titular 94 nacional y el fiscal auxiliar, abogado Nicola Stankey Coppolone Pazmiño.

Contra diputadas
Dinorah Jaxilda Figuera Tovar es la médica, asilada en España y quien hace unas semanas fue nombrada presidente de la Asamblea Nacional que fue electa en el 2015 y que daba respaldo al Gobierno interino que presidió Juan Guaidó. Ayer, 25 de enero, funcionarios de la DGCIM allanaron su vivienda en Los Rosales, Caracas, según publicó la parlamentaria agregando que esa acción es “siguiendo con la estrategia de terrorismo de Estado sumando otro acto más a su larga lista de violaciones a los DDHH”.

Figuera le dijo a Infobae que a horas de lo ocurrido está “muy asustada pero firme”. “Estoy muy preocupada porque recibí esas amenazas antes, diciendo que venían muy duras y estoy atenta, Tengo una serie de reuniones al respecto con mi partido”, dijo. Destaca que a ella ningún organismo le ha hecho llegar citaciones. La DGCIM se presentó “abrieron la cerradura y lo hicieron así”.

Ante la insistencia de qué tipo de amenazas recibió, Figuera dijo que “las recibió por medio de un amigo, mensajero de ellos mismos, amigos de mi amigo”. “Ya yo sabía que venían fuertes. Mi amigo es muy comedido y me dijo que venían con fuerza. Ayer hubo el allanamiento. Ellos confiscaron mis bienes. Yo no he podido accesar a mi casa y mis vecinos están muy asustados porque la mayoría son personas mayores y es muy pequeñito el edificio”, dijo Figuera.

Ayer también la DGCIM se presentó con un fiscal en la vivienda de Auristela del Valle Vásquez de Castillo, quien es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional 2015. Ella también está en el exilio.

En conversación con Infobae, Vásquez de Castillo destacó que su propiedad fue incautada cuando se presentaron los funcionarios con una orden que ella no sabe qué decía. “El administrador fue quien atendió a los funcionarios”, por lo que desconoce bajo qué argumento es la incautación.

Destacó que había muchos funcionarios, según le dijeron vecinos de la zona. “Ellos dieron vueltas por ahí y después subieron con un cerrajero”, y es así como forzaron cerraduras, entraron a la propiedad de Vásquez de Castillo, después colocaron un cartel en la puerta. “Al administrador del edificio le dijeron que los recibos del condominio ya no podían ser emitidos a mi nombre porque el apartamento había sido incautado y que yo ya no era la dueña el apartamento”.

Ante la pregunta de si ella ha recibido alguna citación de Fiscalía, Tribunal u organismo policial de investigaciones en su contra, asegura “no, todo ha sido mediático”.

Cuando Michelle Bachelet visitó a Venezuela por primera vez como Alta Comisionada de los DDHH, en junio 2019, se reunió con familiares de presos políticos; el día que ella abandonaba el país la DGCIM detuvo a varios militares, entre esos al capitán de corbeta Acosta Arévalo, a quien torturó de manera tan brutal que el oficial murió en plena presentación en el Tribunal del Juez Amezquita Pión.

El funcionario de la ONU que sustituyó a Bachelet hace ahora su primera visita a Venezuela, pero a víctimas y a familiares de presos políticos, militares y civiles, preocupa las restricciones para tener acceso al Alto Comisionado, Volker Türk, porque se mantienen un férreo control para que representantes de ONG importantes en la defensa de los DDHH, así como defensores de derechos humanos tengan la oportunidad de exponer todo lo relacionado a la estructura que hay en Venezuela para la violación de los derechos humanos, la tortura, el uso de los tribunales, la utilización de funcionarios de la DGCIM y el SEBIN como testigos estrellas contra presos políticos, la persecucio4n, el robo de bienes como botín de guerra para los funcionarios.

El nuevo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU es un veterano conocedor de regímenes violadores de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, por lo que debe solicitar el ingreso a los sótanos de la DGCIM, incluso reunirse con el Teniente Coronel Igbert Marín Chaparro, quien tiene 66 días en huelga de hambre, reclamando el cese a tratos crueles y el traslado desde los sótanos donde ha permanecido desde que fue detenido el 2 de marzo del 2018.