Las tramas de corrupción en Venezuela dejan 51 funcionarios detenidos

Asciende a 51 el número de funcionarios detenidos en Venezuela por su presunta implicación con tramas de corrupción, que involucran a la estatal petrolera Pdvsa y otras entidades del Estado, informó este miércoles el fiscal general, Tareck William Saab.

El fiscal dijo que pueden producirse nuevas detenciones porque dentro de la fase de investigación entrevistaron a los ya encarcelados, que han «confesado» y «han llevado a otras tramas».

Asimismo, indicó que por el caso que involucra a Pdvsa y a la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) hay un total de 34 detenidos.

Agregó que en la operación anticorrupción dentro del sistema de Justicia hay seis personas encarceladas, mientras que por la investigación dentro de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) son nueve los aprehendidos, y una persona más, el exgobernador del estado Trujillo (oeste) Hugo Cabezas, vinculado a la empresa Cartones de Venezuela.

El titular de la Fiscalía General sostuvo que la trama dentro de la petrolera tienen su «origen nefasto» en la gestión del exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, por el que reiteró la petición de extradición a Italia, donde reside actualmente.

Saab indicó que, en cifras generales, sin especificar el período de tiempo, el ente fiscal ha emprendido 63.188 actuaciones por delitos de corrupción, con 1.690 imputaciones y 3.976 condenados.

Al ser consultado sobre una posible investigación a Tareck El Aissami, exministro de Petróleo que renunció a mediados de marzo ante las nuevas denuncias en Pdvsa, dijo que no quiere adelantar información «sobre ningún nombre en particular».

El pasado 17 de marzo, la Policía Anticorrupción emitió un comunicado en el que solicitó la judicialización de un número indeterminado de ciudadanos que «ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías».

La renuncia de El Aissami se produjo tres días después de esta solicitud, y se puso «a disposición» de la dirección del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para apoyar «esta cruzada» contra los «antivalores.