POLÍTICA
REPRESIÓN CALCULADA: ESTIGMATIZACIONES Y DETENCIONES ARBITRARIAS POR MOTIVOS POLÍTICOS EN VENEZUELA
Durante años, Amnistía Internacional ha documentado y denunciado la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, que ha tenido como objetivo silenciar la crítica y la disidencia. Los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza han sido sistemáticas y generalizadas, por lo que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Esta política de represión, que ha sido ampliamente documentada por organismos dentro y fuera de Venezuela, tiene como base fundamental la estigmatización de la disidencia. Las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro han, por años, consolidado una narrativa en la que las críticas a las políticas públicas, o cualquier actuación que sea percibida como de oposición, sean rechazadas, censuradas y atacadas.
El Centro para los Defensores y la Justicia, el Foro Penal y Amnistía Internacional realizaron un análisis estadístico de actos de represión en Venezuela en el que se evidenció los distintos patrones en los que las detenciones arbitrarias por motivos políticos se interconectan con las estigmatizaciones de ataques hacia personas defensoras de derechos humanos.
Las organizaciones que realizaron esta investigación consideran que la dependencia entre la narrativa discriminatoria (estigmatizaciones) y las violaciones a derechos humanos (detenciones arbitrarias y la criminalización) podría indicar la existencia del crimen de lesa humanidad de persecución, por lo que las autoridades venezolanas, incluido al más alto nivel, deben ser investigadas para determinar su responsabilidad penal en estos hechos.
La siguiente investigación tuvo como hipótesis de partida la existencia de una correlación entre las detenciones arbitrarias por motivos políticos y las estigmatizaciones difundidas por medios de comunicación vinculados al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Pudiendo establecer indicios sobre el funcionamiento de la represión, cuáles son sus actores clave y qué dinámica de represión se ha seguido a través de los años.
Existe una relación directa entre las estigmatizaciones y expresiones de odio en medios de comunicación con vínculos al gobierno o al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y las detenciones arbitrarias por motivos políticos.
En otras palabras, a mayor número de estigmatizaciones, las detenciones arbitrarias aumentan, y lo mismo cuando disminuyen, demostrando que no son en vez de ser hechos aislados, las estigmatizaciones son parte fundamental de la política de represión y acentúan el factor discriminatorio y de persecución de las detenciones arbitrarias.
Empleando metodologías cualitativas y cuantitativas las conclusiones obtenidas fueron contrastadas con estándares de derecho internacional de los derechos humanos y con derecho penal internacional, lo cual fundamenta esta investigación, que tiene como objeto determinar el patrón en el que las estigmatizaciones ocurren en ciertos momentos y provienen de ciertos actores, mientras que otros actores aplican otras medidas represivas como lo son las detenciones arbitrarias, sin identidad de las víctimas. Una vez realizada la analítica de datos se detectaron conclusiones relevantes en materia de derechos humanos que fueron profundizadas a través de métodos de investigación cualitativos.
La investigación cualitativa ahonda sobre los medios de comunicación y autores de las estigmatizaciones, su financiamiento, su naturaleza jurídica e incluso si puede trazarse un vínculo con autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, se realizó un análisis contextual basado en el cuerpo de investigación acumulado de las organizaciones, en particular en lo relativo a la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro.
En cuanto a los patrones temporales, la investigación identifica los momentos donde las estigmatizaciones disminuyeron a la vez que las detenciones arbitrarias también lo hicieron. Asimismo para el caso de aumentos en ambas variables. Esto permitió establecer algunos hitos temporales que al contrastarlos con eventos sociopolíticos importantes, podrían explicar la correlación de los distintos medios de represión en esos momentos específicos.
CAPÍTULO 1: ESTIGMATIZACIONES EN VENEZUELA
La Relatoría Especial para personas defensoras de derechos humanos de Naciones Unidas, en 2011, definió las estigmatizaciones como la caracterización de personas defensoras como “terroristas”, “enemigas del Estado” u “oponentes políticos” por parte de autoridades estatales y medios de comunicación estatales y su uso para deslegitimar su trabajo, incrementando su vulnerabilidad a sufrir abusos y violaciones a derechos humanos.
Las “estigmatizaciones” son los ataques o discursos degradantes o discriminatorios en contra de personas defensoras de derechos humanos que hayan sido emitidos por un medio de comunicación o redes sociales vinculados al gobierno.
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró los eventos de estigmatización en contra de personas defensoras a derechos humanos entre enero de 2019 y junio de 2021 en Venezuela, a través de medios de comunicación, públicos y privados, que tienen vínculos con el gobierno. A menudo estos medios de comunicación utilizan los espacios para atacar, exponer y hostigar a personas que son percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Los medios de comunicación que hicieron estigmatizaciones más frecuentemente antes de que las fuerzas de seguridad llevaran a cabo arrestos fueron “Con el Mazo Dando”, “Misión Verdad” y el portal web “Lechuguinos”.
Al analizar los datos, sobresale la naturaleza pública de varios de ellos y el financiamiento y amparo estatal de la producción a través del canal público de televisión que es Venezolana de Televisión (VTV) y de otros organismos públicos como el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (MPPRE), que replica el contenido de algunos de estos medios en su página web oficial.
CÁLCULO DE LA REPRESIÓN: LA ESTIGMATIZACIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Por muchos años las organizaciones de sociedad civil venezolana han denunciado los continuos ataques e intimidación que reciben desde medios de comunicación, públicos y privados, que trascienden a las redes sociales y que, en ocasiones, se han traducido en afectaciones a la vida e integridad de personas defensoras de derechos humanos.
Mientras que los medios de comunicación independientes en Venezuela han sido sometidos a un férreo control administrativo que ha implicado el cierre y la descontinuación de concesiones de medios de comunicación, en paralelo, los medios de comunicación públicos, financiados por el presupuesto estatal, y otros medios de comunicación de línea editorial cercana al partido de gobierno, han proliferado.
Es común que en medios y espacios de comunicación se identifique a personas en lugares de influencia que tienen o han tenido cargos y funciones públicas, y que además los órganos del Estado repliquen la información de estas fuentes.
A menudo estos últimos medios de comunicación, que pueden tener forma de portales web, programas de televisión y blogs, entre otros, utilizan los espacios para atacar, exponer y hostigar a personas que son percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Entre las personas que son sometidas a estas expresiones se encuentran activistas políticos, personas defensoras de derechos humanos, y personas adscritas a organizaciones de ayuda humanitaria, entre otras.
Estas estigmatizaciones han sido condenadas por organismos internacionales, incluyendo la Relatoría Especial para personas defensoras de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Ejemplos que ilustran eventos de estigmatización:
En 486 detenciones arbitrarias, el portal web “Misión Verdad” había realizado estigmatizacionestres días antes de que los cuerpos de seguridad realizaran detenciones arbitrarias. De igual forma, en 481 casos habría ocurrido lo mismo por parte del programa televisivo “Con El Mazo Dando”, y en alrededor de 100 casos, los arrestos se producían tres días después de que el portal “Lechuguinos” publicara información estigmatizante.
El principal agente o fuente de estigmatización, es el programa televisivo y portal web “Con el Mazo Dando” transmitido y producido por el canal de televisión del Estado venezolano: Venezolana de Televisión (VTV).
Otras fuentes, como los programas televisivos que son fuentes de estigmatización llamados Zurda Konducta y La Hojilla son también producciones de VTV, por lo que sería razonable concluir que su producción está financiada de algún modo por dinero público.
El blog “Misión Verdad”, cuya frecuencia en estigmatizaciones-arrestos ocupa el segundo lugar, cuenta entre los columnistas de opinión con Jorge Arreaza, quien hasta agosto de 2021 fungió como Ministro del poder popular para las relaciones exteriores y que, seguidamente, se desempeñó como Ministro del poder popular de industrias y producción nacional. Si bien su participación no es suficiente para demostrar que este medio de estigmatización sea de naturaleza pública, VTV también publica sus columnas de opinión en una sección específica de su página web.[7] Lo mismo ocurre en la sección de noticias del MPPRE, que también publica las columnas de Misión Verdad.[8] El financiamiento de Misión Verdad no es evidente, y su página web solo incluye la posibilidad de hacer donativos a través de criptomonedas.
Sobre otros portales web como La Tabla, La Iguana TV y Lechuguinos, no pudo establecerse de dónde proviene su financiamiento, pero al menos en el caso de La Tabla, también es reseñado en una sección propia de la web del canal estatal VTV.
Si bien estos medios y fuentes no son homogéneos y cada uno tiene un perfil propio, les es común el uso de discursos de odio, ataques denigrantes, exposiciones y de las herramientas de “fake news” para estigmatizar a personas defensoras de derechos humanos, activistas políticos y, en definitiva, cualquier actor que sea considerado como crítico del gobierno de Nicolás Maduro.
La evidencia obtenida permite afirmar que estos medios exponen declaraciones coordinadas, con un innegable vínculo con medios oficiales estatales, y del partido de gobierno y la estrecha relación con agentes del Estado venezolano.
Es de señalar que las obligaciones de las autoridades van más allá de prevenir y sancionar estos hechos, sino que también se encuentran obligadas a abstenerse efectivamente de cualquier práctica discriminatoria basada en motivos políticos.
CAPÍTULO 2: DETENCIONES ARBITRARIAS POR MOTIVOS POLÍTICOS EN VENEZUELA
Las detenciones arbitrarias en Venezuela han sido ampliamente documentadas y se conoce su carácter sistemático y generalizado. En el período bajo análisis se documentaron 1270 detenciones arbitrarias.
Desde 2014, Foro Penal ha registrado que al menos 875 civiles venezolanos han sido investigados, procesados o juzgados por tribunales militares.
El año 2019 fue un año de protestas masivas a nivel nacional, que fueron arremetidas con uso excesivo de la fuerza, actos de tortura, y detenciones arbitrarias masivas por parte de las autoridades estatales y de grupos armados de personas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro, con motivos suficientes para considerar que estos hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Las realidades propias de la pandemia de Covid-19 a partir de marzo de 2020, afectaron las dinámicas de cómo las autoridades han reprimido a la población desde ese momento y hasta la fecha.
LOS CUERPOS DE SEGURIDAD QUE DETUVIERON DESPUÉS DE LAS ESTIGMATIZACIONES
Las detenciones arbitrarias por motivos políticos son practicadas por cuerpos de seguridad del Estado venezolano, entre ellos cuerpos de seguridad civiles y militares, algunos con competencias de salvaguarda del orden público, como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y otros, con funciones de inteligencia e investigación preventiva, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Al cruzar los datos de estigmatizaciones y detenciones arbitrarias por motivos políticos, el análisis sobre los cuerpos de seguridad que intervienen en las detenciones indica que entre enero de 2019 y junio de 2021 ha habido cambios en las autoridades que han implementado la represión y que ejecutan las detenciones arbitrarias.
Si bien en el 2019 la GNB tuvo un rol primordial en las detenciones arbitrarias ese año -lo cual se mantuvo en el 2020- ya en el 2021 este componente militar no aparecía sino hasta el cuarto puesto en números de detenciones arbitrarias.
Por otro lado, la DGCIM, órgano de inteligencia de índole militar se ubica como el segundo cuerpo de seguridad en realizar detenciones arbitrarias cada año.
Otro cambio importante ha sido cómo las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han aumentado en las detenciones que han realizado. Mientras que en 2019 ocupaban el quinto lugar de cuerpos de seguridad que detuvieron de manera arbitraria, para el 2020 fueron el tercero y en 2021 se coloca como la primera fuerza de seguridad en llevar a cabo las detenciones arbitrarias.
Por otra parte, el Poder Judicial y los tribunales involucrados en las detenciones arbitrarias varían también en los distintos años, y en particular debe destacarse el aumento en el último año del uso de tribunales especiales o militares para tratar los casos de detenciones arbitrarias.
El cruce de las dos variables bajo análisis, es decir: (1) cuáles fueron los cuerpos de seguridad que detuvieron en los tres días siguientes a que (2) un agente de estigmatización realizara un ataque, los resultados por año fueron los siguientes:
Es constante el rol de la DGCIM como órgano represor y cómo este se mantiene predominante en los cuerpos de seguridad que realizan detenciones arbitrarias después de que se han producido estigmatizaciones, en todo el período bajo análisis.
LOS TRIBUNALES A CARGO DE LAS CAUSAS DE DETENCIONES ARBITRARIAS
El sistema de justicia en Venezuela se ha empleado en los últimos años para cometer las violaciones a derechos humanos. De las más de 1.270 detenciones arbitrarias documentadas por el Foro Penal entre enero de 2019 y junio de 2021[11], se rastrearon los tribunales y jueces que estuvieron a cargo de las causas una vez que las personas detenidas fueron llevadas ante la autoridad judicial.
En la jurisdicción ordinaria se procesan la mayoría de los casos de detenciones arbitrarias por motivos políticos. Es frecuente que las personas procesadas ante esta jurisdicción ordinaria sean imputadas por agavillamiento y traición a la patria, entre otras conductas.
La jurisdicción especial con competencia en “terrorismo” deriva de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Este tipo de jurisdicción ha sido frecuentemente utilizado por las autoridades para silenciar a la disidencia. En especial en el año 2019, en esta jurisdicción se procesaron a al menos 60 personas detenidas arbitrariamente.[13] Entre los tipos penales más comunes en el marco de esta Ley son la asociación delictiva, “terrorismo” y “financiación del terrorismo”.
En los últimos años, cientos de civiles y militares en retiro han sido procesados en la jurisdicción militar por supuestas infracciones al Código de Justicia Militar. Es común que las personas procesadas ante la jurisdicción militar sean imputadas con traición a la patria, ultraje al centinela e incluso rebelión.
Observamos que en algunos momentos ha prevalecido el uso de la jurisdicción militar, sobre todo cuando las autoridades civiles han estado más resistentes a seguir líneas de acción por parte de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro.
Asimismo, los tribunales ordinarios con competencia en terrorismo están asociados a momentos donde la represión es selectiva y se busca impulsar una narrativa de conspiración, lo cual va muy de la mano con la estigmatización y la consolidación del discurso de “ellos” contra “nosotros”.
CAPÍTULO 3: CORRELACIÓN ENTRE ESTIGMATIZACIONES Y DETENCIONES ARBITRARIAS
La correlación entre detenciones arbitrarias por motivos políticos y las estigmatizaciones se filtró por cada año que está bajo análisis. De este análisis se obtuvo que la correlación general entre ambas variables aumentó del 29% en 2019, al 42% en 2020 y hasta 77% en el primer semestre de 2021. Es decir, tres de cada cuatro veces que se realizaban estigmatizaciones, días después les seguían detenciones arbitrarias.
Este aumento de la correlación entre las detenciones y las estigmatizaciones podrían ser un indicador de cómo la política de represión se ha ido sofisticando cada vez más y se ha ido afinando su uso de ambas herramientas con tendencias más similares y con objetivos más alineados.
Las correlaciones anuales entre las detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones también varían dependiendo de los distintos cuerpos de seguridad involucrados en la detención, así la correlación porcentual de los diversos cuerpos de seguridad que realizaron la represión, se obtuvo que:
Organismos internacionales han documentado y denunciado en múltiples ocasiones la práctica generalizada y sistemática de estos cuerpos de seguridad de llevar a cabo detenciones arbitrarias, pero también de usar métodos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Inclusive la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela ha solicitado se investiguen los crímenes de derecho internacional cometidos por estos cuerpos de seguridad y, también, a sus autoridades por su posible responsabilidad penal sobre esos hechos.
RELACIÓN ENTRE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD Y LAS FUENTES DE ESTIGMATIZACIÓN
En el año 2019 la mayor correlación entre estigmatizaciones y detenciones arbitrarias ocurre con las detenciones llevadas a cabo por los cuerpos de inteligencia, tanto civil como militar. En estos casos hay un tercio de probabilidad que solo dos fuentes hayan realizado
estigmatizaciones: Misión Verdad y Con el Mazo Dando.
Lo mismo ocurre en el año 2020 con los cuerpos de seguridad que tienen mayor correlación entre estigmatizaciones y detenciones arbitrarias, la PNB y las FAES, los agentes de estigmatización más prevalentes siguen siendo Misión Verdad y Con el Mazo Dando.
Para la primera mitad del 2021 este patrón varía ya que los principales agentes de estigmatización, cuando se da la correlación más alta entre estigmatizaciones y detenciones arbitrarias por parte de la PNB y las FAES, son Zurda Konducta y Lechuguinos.
RELACIÓN ENTRE LAS FUENTES DE ESTIGMATIZACIÓN Y LOS TRIBUNALES
TRIBUNALES ESPECIALES CON COMPETENCIA EN “TERRORISMO”
Al analizar los datos de 2019, se observa una correlación entre las detenciones arbitrarias procesadas por tribunales con competencia en “terrorismo” y las estigmatizaciones de un 68%.
Por otro lado, la mitad (47,1%) de las detenciones arbitrarias que fueron procesadas por tribunales con competencia especial ocurrieron en los tres días siguientes a que se realizara una estigmatización por parte del blog Misión Verdad.
Al menos para el 2019, en el que se usó con más frecuencia a los tribunales con competencia en terrorismo para procesar a personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, estuvieron estrechamente relacionadas y coordinadas con las estigmatizaciones llevadas a cabo por Misión Verdad.
