La feroz batalla del Partido Comunista de Venezuela por defender sus siglas que el régimen pretende arrebatarles

La alta cúpula del chavismo ya está decidida ir por los comunistas utilizando el Tribunal Supremo, la misma estrategia adoptada en el pasado contra otras formaciones opositoras.

Uno a uno el régimen venezolano le arrebata, de las manos de los líderes políticos, el control de los partidos que han dirigido. Primero fue con los de Oposición, AD, Copei, VP, PJ, otros, luego siguió con partidos de la revolución bolivariana, PPT, UPV, Tupamaro; el único contra quien no ejecutó medidas extremas fue el Partido Comunista de Venezuela (PCV), por la raíz común con los otros partidos comunistas del mundo. Eso cambió. Cuando Diosdado Cabello desata un ataque puntual, como lo hace con el PCV, es porque en la alta cúpula del Gobierno ya está decidido ir por los comunistas aplicando la misma estrategia anterior, usando al Tribunal Supremo para imponer una directiva afecta al gobierno de Nicolás Maduro.

El Comité Regional del PCV en el estado Miranda, denuncia como una “desesperada maniobra de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para hacer creer que existe una ficticia división en las filas del PCV y así fabricar una justificación para acometer la inconstitucional y antidemocrática intervención judicial del Partido de la clase obrera venezolana”.

Dicen que Carlos Figueroa, residente en Ocumare del Tuy, se declaró recientemente, en un programa de radio, como “coordinador político” del PCV en Miranda. Llama la atención de los comunistas que lo hiciera en la emisora propiedad del exalcalde César Marcano (PSUV).

Consideran que es un acto de provocación “bajo control del PSUV”, advirtiendo que “nadie se adueña del Partido Comunista de Venezuela y estamos dispuestos a dar la lucha en cualquiera de los escenarios que se presenten”, dijeron por el PCV Miranda, los secretarios: Político, Juan Piedra; de Organización, Argimiro Rivero: Obrero y Sindical, Arturo Morgado; Trabajo Comunitario, María Brito; y Agrario, Francisco Estrada.

En Venezuela, la cada vez más frágil institucionalidad, ha permitido la violación de la Constitución y las leyes, con máscaras de “legalidad”. La dirigencia política tampoco apreció la importancia que para la democracia y la justicia tiene la fortaleza de las instituciones. Ninguno de los partidos de la revolución se pronunció cuando el TSJ allanó a los partidos de oposición, incluso lo vieron con beneplácito. Ni siquiera entre unos partidos de la Oposición hubo solidaridad con los otros que caían. Y así el TSJ fue imponiendo las directivas a cada uno de los partidos. Ya consolidada esa parte de la estrategia, siguieron con los partidos que le habían servido incondicionalmente a la revolución.

En las elecciones para alcaldes, del 10 de diciembre 2017, el chavismo fue dividido; en estados muy importantes como Miranda, tanto el PCV como Patria para Todos (PPT) llevaron candidatos propios; es así como de los 49 candidatos de la revolución en Miranda, 29 fueron del PPT y PCV. Algo similar hizo Tupamaro en los municipios Brión y Zamora.

Para las cuestionadas elecciones presidenciales del 20 de mayo 2018, convocadas por la ilegal de origen Asamblea Constituyente, los partidos con independencia del Gran Polo Patriótico (GPP), fueron convencidos por Jorge Rodríguez Gómez, actual presidente de la Asamblea Nacional, para que acompañaran la candidatura de Nicolás Maduro, con promesas de que habría cambio en la política económica del país y que la dirigencia de dichos partidos sería considerada para la propuesta de políticas pública. Nada se cumplió.

La frustración de los dirigentes de esos partidos de izquierda los llevó a que para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre 2020, habían constituido la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) que aglutina a los partidos PPT, PCV, Izquierda Unida, Tupamaro, Somos Lina, entre otros. El único al que no le habían arrebatado la tarjeta era el PCV, que logró obtener un diputado, Oscar Ramón Figuera González, un dirigente con varias décadas en el PCV.

La historia de los partidos en Venezuela lleva a la conclusión de que ninguno, a excepto del oficialista PSUV, está a salvo, de que sus directivas sean declaradas ilegales por el Tribunal Supremo de Justicia, aunque eso aun no parecen entenderlo chavistas ni opositores.