VENEZUELA
¿Podrá el Ejército someter los mineros ilegales de oro en Bolívar, Venezuela? – InSight Crime
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El gobierno de Venezuela tiene en la mira a los mineros pequeños y las bandas mineras no alineadas con el poder, como lo mostró un importante despliegue militar en la rica región minera al sur del país.
El 10 de noviembre, soldados venezolanos destruyeron un campamento rural y detuvieron a varios miembros de una banda conocida como 3R, o la Organización R (OR), que controla gran parte de las actividades ilegales de minería en los alrededores de Tumeremo, estado de Bolívar.
Desde su despliegue a finales de octubre, las fuerzas de seguridad han atacado la infraestructura y han puesto en custodia a cerca de 19 presuntos miembros y colaboradores de la OR. Sin embargo, el número exacto no ha sido confirmado, ni se han entregado los nombres de los capturados.
Se dice que confiscaron cuatro helicópteros usados para el trasiego de oro y cuatro drones que la banda usaba en labores de vigilancia; además, destruyeron un centro que se hacía pasar como de asistencia social pero que al parecer se usaba para esconder armas del grupo, según anunció, a través de su cuenta de Twitter, Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
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Las operaciones en los municipios vecinos de El Callao y Roscio han apuntado a otras bandas mineras —conocidas como sindicatos— aunque el bastión de la OR en Tumeremo sigue siendo el epicentro del despliegue.
Las fuerzas de seguridad ya estaban reforzando sus actividades en Tumeremo en las semanas previas al despliegue oficial. Para cuando se anunció el operativo, ya habían detenido al menos a tres presuntos miembros de la OR e invadido una mina cerca de Tumeremo, lo que forzó la salida de los mineros pequeños y destruyó un centro comunitario cerca de la mina, según dijeron los residentes.
Estas no son las primeras incursiones de Fuerza Pública en Tumeremo este año. En agosto, hubo un amplio despliegue publicitario de varias acciones militares contra la OR en esa población. Pero fuentes locales familiarizadas con la dinámica minera en la zona dijeron a InSight Crime que esos operativos no afectaron significativamente a la banda, y que el despliegue militar se replegó poco después de que se desataron protestas en contra de los operativos de la FANB.
Según Hernández Lárez, esos operativos buscan frenar la minería ilegal y formalizar la rentable actividad. » Toda actividad minera debe contar con permisos, registros, supervisión y control. La FANB supervisará el cumplimiento de las leyes y el ordenamiento ambiental», escribió en Twitter Hernández Lárez.
Las actuales operaciones militares contra la minería ilegal son una campaña con todas las de la ley y parecen dirigidas a tomar el control de las minas en el territorio de la OR.
El oro de Bolívar ha sido un salvavidas económico para el gobierno venezolano, que le ha permitido acceso limitado a los mercados internacionales, eludiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero, por falta de capacidad tecnológica y control territorial, gran parte de la actividad minera en ese estado es controlada por los sindicatos y no por el gobierno.
Estas bandas se llevan una tajada del oro producido en las minas que controlan, lo cual reduce la cantidad que termina en manos del gobierno. Aunque el Estado venezolano ha intentado en varias oportunidades hacerse al control de las minas de oro, ha tenido poco éxito y lleva años sin un esfuerzo serio por obligar a los sindicatos a salir de la zona.
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Pero al parecer el gobierno ya no está conforme con el estado de las cosas.
“Nos sacaron a todos de las minas […] y no sé qué vamos hacer. Por ahora estamos esperando a ver qué pasa”, le comentó un minero de El Callao que habló en varias ocasiones con los investigadores de InSight Crime desde el mes de agosto, pero solicitó que se mantuviera su anonimato. “Ellos quieren quedarse con todo, que todo el oro que sale les quede a ellos […] al gobierno».
Sin embargo, es de esperarse que la OR dé la pelea. El sindicato es uno de los más fuertes del estado y se ha hecho una reputación de que defiende los derechos de los mineros artesanales.
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