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VENEZUELA

La carrera contra el tiempo de la industria petrolera de Venezuela – DW (Español)

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Según Maduro, la caída de la producción petrolera de Venezuela se debe a las sanciones de EE. UU., pero las cifras demuestran que eso no es cierto. Ramón Cardozo lo analiza en su columna.

Las sanciones impuestas a Rusia por Occidente han favorecido un aumento en la demanda mundial de energía, pero Venezuela se ha visto incapacitada para aprovechar esta circunstancia.
En 1998, año de la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela producía 3,3 millones de barriles diarios (mbd), ocupaba el tercer lugar entre los productores más grandes de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y su producción equivalía al 14 por ciento de la producción total de esa organización. 
Hoy en día, la situación de la industria petrolera venezolana es muy distinta. A pesar de que la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por Occidente han favorecido un aumento en la demanda mundial de energía, Venezuela se ha visto incapacitada para aprovechar estas circunstancias.
Los actuales niveles de producción petrolera en Venezuela están muy distantes de los 3,3 mbd de 1998, como también de los 2 millones de barriles diarios que Nicolás Maduro prometió a principios de 2022 que se alcanzarían en diciembre. Según datos del informe de octubre de 2022 de la OPEP, la industria petrolera en Venezuela, a pesar de los altos precios del mercado petrolero mundial, solo ha sido capaz de producir 723 mil barriles diarios. Esta cantidad representa, respecto a los niveles de 1998, una pérdida del 78 por ciento de su capacidad de producción.
El régimen de Nicolás Maduro ha sostenido que el colapso económico y la caída de la producción petrolera del país se deben a las sanciones que el Gobierno norteamericano impuso al régimen venezolano.
Sin embargo, según lo explica detenidamente la consultora ANOVA Policy Research, en su estudio «Impacto de las Sanciones Financieras Internacionales contra Venezuela: Nueva Evidencia” (20.01.2021), lo cierto es que, para agosto del 2017, fecha en la cual se aplican las primeras sanciones no-personales, «la economía venezolana tenía 14 trimestres consecutivos de contracción económica; se encontraba ad portas del inicio de la hiperinflación; había perdido acceso efectivo a todos los mercados financieros internacionales; su producción petrolera experimentaba una prolongada tendencia declinante de más de 2 años de duración, y las importaciones de bienes humanitarios esenciales (alimentos y medicinas) habían colapsado aproximadamente un 70 por ciento desde 2013. En este contexto, colapsaron sus principales indicadores socioeconómicos, incluyendo niveles récord de pobreza territorial; aumento de la desnutrición y mortalidad infantil; graves restricciones de acceso a la alimentación y salud, y migración forzada de millones de habitantes. De hecho, para esa fecha, ya la situación del país era considerada una Emergencia Humanitaria Compleja».
De acuerdo con las conclusiones de este informe, solo se puede atribuir a las sanciones estadounidenses el 45,2 por ciento de la caída acumulada en la producción petrolera venezolana durante el lapso comprendido entre agosto de 2017 y diciembre de 2019. En otras palabras, de los 1,24 millones de barriles diarios que se dejaron de producir durante ese lapso, el 54,8 por ciento de ellos (680 mil barriles diarios) no se produjeron por factores ajenos a las sanciones norteamericanas. 
Para el economista petrolero Rafael Quiroz Serrano, jefe de la Cátedra de Petróleo de la Universidad Central de Venezuela, «la crisis actual de la industria petrolera, de la cual la caída de la producción es uno de sus efectos, tiene un componente estructural que no es de reciente data y que va mucho más allá de las sanciones impuestas por EE.UU.. Si reflejamos la serie histórica de la producción venezolana petrolera en un gráfico, veremos cómo la producción petrolera en Venezuela, con muy pocas excepciones, ha venido cayendo de forma prácticamente ininterrumpida desde el año 2005. Las sanciones lo que vinieron fue a agravar la crisis de la industria”.
Esta crisis estructural, aunada a la opacidad de la industria venezolana, explica por qué la mayoría de los analistas y empresarios ligados a la industria se mantienen muy cautelosos a la hora de estimar las posibilidades reales que tendría Venezuela de recuperar buena parte de su antigua capacidad de producción en caso de que se retirasen las sanciones, escenario sobre el cual todavía existe mucha incertidumbre.
En declaraciones recientes a Bloomberg TV (28.10.2022), Michael K. Wirth, presidente de la junta y director ejecutivo de Chevron Corporation, aseguró que, en el hipotético caso de que se levantaran las sanciones, tomaría tiempo la recuperación de la inversión de la empresa en Venezuela y el aumento de su producción petrolera: «Creo que se está hablando de meses y años para comenzar a mantener y restaurar campos y equipos y cambiar cualquier actividad de inversión”, dijo Wirth.
En similar sentido se expresó el consultor Antero Alvarado, socio director de la consultora Venezuela Gas Energy Latin America (GELA), señalando que «nosotros estimamos que lo que puede darse es una calibración de las sanciones. Bajo esta hipótesis, es posible que, luego de seis meses, la producción aumente en 120 mil bpd y quizás como unos 200 mil más en el largo plazo. Sin embargo, para que esto suceda no solo deben quitarse sanciones, sino que también tiene que darse una mejoría en el ambiente de negocios. Por ejemplo, desarrollar un nuevo marco jurídico que le garantice al sector privado tener mayor operatividad, mayor control de las empresas mixtas y que cambie la relación que existe con Petróleos de Venezuela (PDVSA). Lamentablemente, sobre estos temas no se está discutiendo hoy en día”.
Por su parte, el experto petrolero David Voght, director gerente de IPD Latin America, durante su participación en el reciente seminario «Energy Outlook in the Americas” realizado en la Universidad de Florida (19.10.2022), señaló que «hoy, a pesar de los titulares frecuentes, Venezuela tiene poco que ofrecer en términos de producción a corto plazo, después de años de mala gestión de la renta petrolera y el peso reciente de las sanciones estadounidenses”. Este experto prevé que las sanciones de los Estados Unidos a Venezuela no se levantarán, sino que solo se recalibrarán para preservar la infraestructura petrolera de Venezuela en espera del capital privado y cambios en la política.
La debacle de la industria petrolera venezolana viene a ser una más de las lamentables consecuencias de la aplicación en Venezuela del modelo político «Socialismo del Siglo XXI”. Así lo advertía de forma temprana en el año 2006 el execonomista jefe de PDVSA Ramón Espinasa  en su estudio «El auge y el colapso de PDVSA a los treinta años de la nacionalización”. Allí señala Espinasa: «Desde un principio, quedó claro que el movimiento político que asumió el gobierno en 1999 iba a centralizar y a utilizar todas las instituciones del Estado con el único objetivo declarado de perpetuar al presidente de la República en el poder, para implantar su proyecto político, con una perspectiva de largo plazo.”
En búsqueda de este objetivo de dominación política, continúa Espinasa, la corporación (PDVSA) fue transformada radicalmente y pasó de ser una entidad comercial al servicio del Estado venezolano, a ser un instrumento político a favor de quienes ocupaban el Gobierno.
Este cambio en la esencia de la corporación cabeza de la industria vino acompañado, casi de manera necesaria, de una mala gestión: ruptura con todos los planes y políticas previas sin importar su calidad; abandono de la meritocracia y pérdida de capital humano; desinversión; clientelismo nacional e internacional; expropiaciones; desmesurado endeudamiento; y, por último, pero no menos importante, altísimos niveles de corrupción. Todo ello, necesariamente, tenía que conducir a la caída abrupta y sostenida de la capacidad de producción de la industria petrolera venezolana.
Para el economista Quiroz, las posibilidades actuales de recuperación de la capacidad de producción petrolera del país tienen como condición necesaria, más no suficiente, la inversión de enormes montos de capital en la industria. Quiroz señala que algunos estudios multidisciplinarios en los cuales ha participado, «se ha concluido que, para alcanzar una producción por encima de los 3 millones de barriles diarios, se requeriría una inversión total de 250 mil millones de dólares distribuidos durante un periodo de 10 años.
Ramón Cardozo escribe sobre Venezuela en Deutsche Welle Spanish.
En términos de inversión anual promedio, serían 25 mil millones de dólares anuales. Esa enorme cantidad de recursos no la tiene PDVSA ni el Estado venezolano”. Por ello, fundamentalmente, se depende del interés que capitales extranjeros puedan tener en invertir en la industria petrolera del país.
Aunque durante estos últimos tres años Maduro ha reiterado que las puertas de Venezuela están abiertas a la inversión, incluyendo múltiples llamados tanto a empresarios nacionales y extranjeros para que coloquen sus capitales en la industria petrolera venezolana, hasta el momento sus invitaciones no han tenido una respuesta satisfactoria.
Según Quiroz, aparte de los graves problemas de infraestructura y de servicios públicos que sufre actualmente el país, el poco interés demostrado por los inversionistas está relacionado con el complicado entorno económico, sociopolítico y con la inseguridad jurídica que reina en Venezuela: «Los capitales extranjeros son en general muy sensibles, muy epidérmicos. En condiciones normales, ellos no entran a un país donde exista inestabilidad política, choques políticos, protestas sociales, desconocimiento de las autoridades, etc. También los disuade mucho la inestabilidad económica, como, por ejemplo, graves problemas de hiperinflación o de recesión. Por último, estos capitales también son muy sensibles frente a la inseguridad jurídica, al irrespeto a los derechos de propiedad y a la no observancia de las condiciones pactadas en los contratos”. En efecto, los altos niveles de inseguridad jurídica en Venezuela se han visto reflejados en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) del 2022, el cual calificó a Venezuela con un puntaje de 0.26/1, con lo cual el país se ubicó en el último lugar de la clasificación mundial. 
«Los países donde existe altos niveles de inseguridad jurídica”, añade Quiroz, «y donde además están presentes factores de inestabilidad, son terreno minado para los capitales extranjeros. Y todos estos elementos disuasores están presentes en Venezuela desde hace varios años. Por otro lado, durante los últimos 20 años han sido descubiertas en el mundo nuevas cuencas petroleras más rentables y menos riesgosas que las venezolanas”.Porello, continúa Quiroz,»desde hace tiempo, incluso previo a las sanciones, no se producen inyecciones importantes de capital extranjero en la industria petrolera venezolana. Además, no solo es que no vienen nuevos capitales, sino que varios de los actuales socios de las empresas mixtas están abandonando el país, como es el caso de TotalEnergies, Equinor o Inpex. Con el agravante de que, al parecer, a varias de estas empresas se les conminó a abandonar activos, registrar pérdidas o a renunciar a las deudas impagas con PDVSA, lo cual es una muestra más del nivel de inseguridad jurídica que existe en nuestra industria petrolera”. 
Por su parte, el consultor Alvarado advierte que «aunque en el país se diera un levantamiento completo de las sanciones, aún se mantendrían las heridas en la relación entre los privados y PDVSA, la cuales se han producido por incumplimiento de los contratos, expropiaciones, etc. Por ello, creemos que las grandes inversiones solo vendrán a Venezuela si se produce un gran cambio político. Cambio que no vemos en el corto plazo. Por otro lado, no sabemos si, cuando finalmente ocurra ese cambio, las grandes empresas seguirán invirtiendo en energías fósiles. De manera que, al final, la recuperación de la industria petrolera venezolana es una carrera en contra del tiempo”
Ganarle esta carrera al tiempo supondrá para Venezuela, no solo resolver de manera cónsona con los intereses del país el complejo tema político de las sanciones, sino también combatir con premura y determinación los factores estructurales que desde hace dos décadas han venido causando la paulatina destrucción de su industria petrolera.(ms) 

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