VENEZUELA
Decepcionante enfoque de Estados Unidos y México para personas de Venezuela que buscan protección deja a miles en riesgo – WOLA – Washington Office on Latin America (WOLA)
AP Photo/Matias Delacroix
El 12 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos anunció que, “con efecto inmediato”, las personas de Venezuela que crucen la frontera sur de forma irregular serán devueltas a México. Junto a estas expulsiones adicionales, bajo el llamado Título 42, el DHS lanzó un nuevo programa de alivio humanitario para un número limitado de personas venezolanas que tengan a alguien que los apoye en Estados Unidos.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) está alarmada por la respuesta del gobierno de Biden a las cifras récord de personas migrantes y refugiadas venezolanas que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos. Esta respuesta busca reducir las cifras a toda costa en lugar de adoptar medidas para reabrir la frontera y permitir a estas personas acceso al asilo u otras formas de protección. La anuencia del gobierno mexicano a aceptar a las personas de Venezuela expulsadas bajo el Título 42 demuestra una vez más su voluntad de cumplir las solicitued de Estados Unidos en materia de aplicación de la legislación migratoria, incluso a expensas de la seguridad y el bienestar de los migrantes y solicitantes de asilo.
El Título 42 es una medida puesta en marcha por la administración Trump —supuestamente para limitar la propagación del COVID-19— que el gobierno de Biden intentó suspender en mayo, pero que sigue vigente debido a una orden judicial que permite a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente a las personas migrantes de México, Guatemala, El Salvador y Honduras de vuelta a México. A menudo, estas expulsiones niegan a las personas migrantes el derecho a pedir asilo en Estados Unidos.
El impulso de la administración Biden para incluir a las personas venezolanas en el Título 42 se debe al fuerte aumento de sus llegadas a la frontera entre Estados Unidos y México. Las autoridades fronterizas estadounidenses habían encontrado 153.905 personas de Venezuela durante los primeros 11 meses del año fiscal 2022 (octubre de 2021 a agosto de 2022), y el comunicado de prensa del DHS reveló que 33.000 más llegaron a la frontera en septiembre. Los ciudadanos de Venezuela fueron los que más llegaron a la frontera en agosto y septiembre después de los de México.
Junto a la ampliación de la aplicación del Título 42 a Venezuela, el DHS anunció un programa de libertad condicional humanitaria para hasta 24.000 personas migrantes y refugiadas de ese país. Teniendo en cuenta que 33.000 personas de Venezuela llegaron a la frontera en septiembre, este programa beneficiaría a un número equivalente a unas tres semanas del flujo actual. Aparte del número limitado, el nuevo programa excluirá a cualquier persona de Venezuela que haya cruzado irregularmente a través de Panamá y/o México después del 12 de octubre de 2022, lo que significa que las miles de personas que actualmente están en algún lugar de este traicionero viaje probablemente no calificarán, a menos que ya estén en México con algún estatus.
Por ahora, según la información sobre el programa en este sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus iniciales en inglés) solo las personas de Venezuela que tengan patrocinadores en Estados Unidos y cumplan con diferentes criterios pueden solicitar asilo desde otros países y, si se aprueba el programa, recibirán un alivio humanitario que les daría derecho a solicitar autorización de trabajo y asilo, y la posibilidad de volar a un aeropuerto del interior de Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha enmarcado el anuncio como un programa conjunto y ha dicho que la administración Biden responde a “la petición de México” de visados laborales adicionales —un aumento de 65.000 nuevos permisos temporales de trabajo H2-B, incluyendo 20.000 para personas centroamericanas y haitianas—. Independientemente de la dinámica, parece claro que México ha aceptado una vez más la petición de Estados Unidos de recibir miles de migrantes y solicitantes de asilo no provenientes de México adicionales en sus ciudades fronterizas. Durante los primeros 11 meses del año fiscal 2022, hubo más de 960.000 expulsiones a México de ciudadanos mexicanos, de Guatemala, Honduras y El Salvador bajo el Título 42. Este número elevado de personas migrantes y solicitantes de asilo ha desbordado a los albergues y proveedores de servicios mexicanos y ha expuesto a esta población a graves riesgos y obstáculos para acceder a los servicios básicos.
Desde el inicio del gobierno de Biden, más de 6.000 migrantes y solicitantes de asilo expulsados en virtud del Título 42 o que esperan en la frontera una oportunidad para entrar en Estados Unidos han sido víctimas de delitos en México, como secuestros, violaciones y agresiones. El aumento del número de migrantes sujetos a este programa sólo aumentará el número de personas vulnerables de las que se aprovechan las organizaciones criminales mexicanas, que a veces trabajan en connivencia con funcionarios de ese país.
El gobierno mexicano no ha salvaguardado el bienestar y la protección de los migrantes y solicitantes de asilo en la frontera. En un memorándum para terminar los Protocolos de Protección a Migrantes (Programa “Quédate en México”), que forzaba a los solicitantes de asilo a quedarse en territorio mexicano en espera de sus audiencias migratorias en Estados Unidos, el secretario de DHS de Estados Unidos Alejandro Mayorkas aceptó que el gobierno de México no ha logrado proteger a los migrantes. “Las pruebas significativas indican que las personas que esperaban sus audiencias judiciales en México bajo el protocolo estaban sometidas a una violencia e inseguridad extremas a manos de organizaciones criminales transnacionales que se beneficiaban explotando las vulnerabilidades de los migrantes”, dijo. Sin embargo, el DHS parece no tener reparos en aumentar el número de migrantes que estarán expuestos a graves peligros al ser expulsados a México.
7,1 millones de personas de Venezuela han abandonado su país en los últimos años, lo que significa que casi una cuarta parte de la población total ha huido debido a la crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria. Si bien alrededor del 80 po ciento de estas personas se han establecido en otros lugares de América Latina y el Caribe, la falta de oportunidades económicas, agravada por el COVID-19 y la actual crisis humanitaria en el país, ha hecho que muchos más se desplacen con la esperanza de entrar en Estados Unidos.
En las últimas semanas, el gobierno de Biden ha anunciado casi 817 millones de dólares en ayuda a la región para responder a los compromisos adquiridos en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, firmada por 21 países en el contexto de la Cumbre de las Américas de junio de 2022. Una parte importante de estos fondos está destinada a apoyar a las personas refugiadas y migrantes venezolanas y a los países que los reciben. A pesar de este importante apoyo, y de los esfuerzos de Estados Unidos por trabajar con los países de la región “para crear una agenda migratoria que sea común para las Américas en nuestros tiempos”, como afirmó el secretario de Estado Antony Blinken en la reunión ministerial sobre migración celebrada en Lima el 6 de octubre, el anuncio realizado por el DHS el 12 de octubre, en coordinación con el gobierno mexicano, está muy lejos de promover un marco regional sobre protección. Por el contrario, la administración Biden sigue apostando por políticas de expulsiones que restringen el acceso a la protección en la frontera, exponen a las personas migrantes y solicitantes de asilo a graves peligros y abusos, y permiten a Estados Unidos externalizar sus obligaciones a México.
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